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Ratifican primeras irregularidades en contrato de semáforos de Bogotá

Los organismos de control empiezan a ratificar que la licitación y el cuestionado contrato para la modernización de semáforos de Bogotá tuvieron irregularidades. A pesar de que el Distrito ha dicho que el proceso se desarrolló conforme a la ley, esto no es lo que piensa la Procuraduría, que en primera instancia destituyó e inhabilitó por diez años al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por la falta de planeación en puntos sustanciales del proceso que, a criterio del organismo, pusieron en riesgo el patrimonio de la ciudad.

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Junto a Bocarejo, el ente impuso similar sanción contra la subsecretaria de servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal, y la directora de asuntos legales, Carolina Pombo. Además, compulsó copias para investigar a otros funcionarios que participaron en diferentes etapas de la licitación y posiblemente también incurrieron “en conductas reprochables en desarrollo de sus funciones”.

Por ahora, esta es la primera decisión de la Procuraduría, que avanza en otras dos indagaciones contra funcionarios de la Secretaría de Movilidad, relacionadas con otras faltas que rodearon el contrato y que, pese a haber sido advertidas a tiempo (incluso sugirió revocar el proceso para corregirlas), el Distrito las pasó por alto.

Los otros casos en indagación tienen relación con la modificación de un convenio con la ETB y la posible falsedad documental en la que incurrió el consorcio que ganó el contrato, para quedarse con el negocio. Este último hecho, como lo reveló El Espectador , no solo está en la mira de la Fiscalía, sino que es el sustento de una demanda administrativa que busca la nulidad de dicho contrato.

El fallo

La justificación del fallo contra Bocarejo y sus subalternas está consignada en un extenso documento que, además de abarcar un resumen de la historia del proyecto denominado Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI), expone las evidencias contra los funcionarios. Como contexto, hay un recuento desde 2010 cuando el Distrito firmó un convenio con la ETB y la Universidad Distrital para el manejo de la red de semáforos y su sistema de comunicación; los detalles del contrato para elaborar los estudios y estructurar la última licitación, y los pormenores de la selección del contratista.

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En el relato hay hechos que el ente de control califica como trascendentales para entender la investigación. Uno es la modificación en 2017 del convenio con la ETB, con la que solo le dejaron el manejo de la red de comunicaciones y le quitaron el del sistema de semáforos, paso necesario para abrir la licitación. Otro fue la modificación que hizo la Secretaría a los pliegos de condiciones, en la que eliminó la obligación de que el ganador debía retomar como parte de pago los semáforos que se desinstalaran durante el proceso.

Son justo decisiones relacionadas con estos asuntos las que llevaron a la Procuraduría a sancionar al secretario de Movilidad. Por un lado, le reprocha el no haber definido a tiempo y con precisión el futuro de 535 semáforos (avaluados en casi $13.000 millones), que aún tienen vida útil y que, pese a ser compatibles con la nueva red semafórica, no fueron tenidos en cuenta. Por el otro, que abrieran la licitación y adjudicaran el contrato sin tener siquiera diseñada la red de comunicaciones sobre la que funcionaría.

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Sobre el primer cargo, el ente de control resaltó que se violó el principio de planeación, pues si bien la Secretaría de Movilidad tenía la potestad de establecer la conveniencia de reemplazar los semáforos viejos y el destino de estos dispositivos, esta debía ser una decisión estudiada técnicamente, así como planeada y definida con precisión, para evitar un detrimento patrimonial.

“El despacho no cuestiona la eliminación de la retoma de los controladores de la licitación, pues es de plena autonomía de la administración asumir estas decisiones. Se reprocha el no haber definido claramente qué iba a hacer con ellos luego de ser desinstalados, para evitar que los activos pierdan valor. También que esa indefinición (fruto de una deficiente planeación) crea riesgos innecesariamente altos para el patrimonio público representado en esos bienes”.

Frente a la red de comunicaciones, la Procuraduría resaltó que, a pesar de ser clave para que el nuevo sistema funcione, la Secretaría inició la licitación y adjudicó el contrato de renovación de semáforos sin siquiera tenerla diseñada, lo que podría representar no solo riesgos operativos, sino económicos, porque sin este sistema el Distrito podría perder la inversión de la renovación, y jurídicos, porque no tendría cómo corroborar si la modernización quedó bien hecha.

“A esos riesgos quedó expuesta la ciudad, por la falta de planeación. Y aun cuando ninguno se materialice, la presunta falta se encuentra consumada, cuando quiera que una parte esencial de la planeación contractual es la identificación, medición y mitigación de los riesgos asociados. De tal suerte que aun cuando al final, por suerte o por cualquier otro motivo, el sistema de semáforos salga adelante y no se cause daño alguno al patrimonio público, el reproche disciplinario por obrar sin la debida planeación es procedente”.

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A criterio del ente de control, todas estas situaciones tendrían connotación de una falta disciplinaria atribuible a los tres investigados. En el caso del secretario Juan Pablo Bocarejo, resaltó que, si bien, él había delegado la tarea a otra de sus subalternas, las pruebas ratifican que él participó en diversas reuniones, conoció las observaciones y fueron diversas las fuentes sobre la violación al principio de planeación. “De cara a esa información, y por su cargo, debió intervenir a tiempo para asegurar el cumplimiento de dicho principio. Al ser omitido, a la postre condujo a la adjudicación de un contrato en condiciones riesgosas para el patrimonio de la ciudad”.

Frente a la decisión, tanto el alcalde Enrique Peñalosa como el secretario de Movilidad anunciaron que apelarán el fallo. “Para nosotros, lo que ha demostrado la investigación es que todo lo hicimos con la adecuada planeación, así que utilizaremos todos los recursos de la ley para que eso quede claro en la segunda instancia. Mientras tanto, seguiremos actuando con diligencia, transparencia y con el ánimo de sacar adelante los grandes proyectos que pretenden mejorar la movilidad y la seguridad vial en nuestra ciudad”, dijo Bocarejo.

 

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Alexánder Marín Correa – Twitter: @alexmarin55

Bogotá

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